Santo Domingo. El abogado y político Ángel Lockward considera que la devolución de 220 millones de pesos al Ministerio Público, fruto de un acuerdo judicial, no significa que sea culpable de corrupción.
En el 2024, Lockward llegó a un acuerdo con el órgano persecutor, luego de ser acusado por el caso de corrupción Operación Calamar, proceso que involucra a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
Según Lockward, acordó con el Ministerio Público entregar esa millonaria suma, por la presión a la que fue sometido, al igual que su familia.
“La teoría del caso ya se le cayó, ahí no hay un solo testigo que en su primer interrogatorio haya dicho la verdad y que luego no haya sido presionado para mentir. Te meto en el caso a tu mujer y a tu hijo”, expuso el exdirigente reformista durante una entrevista en un podcast con Laura de la Nuez.
Al ser cuestionado sobre si había sido presionado para negociar con el Ministerio Público, a pesar de su supuesta inocencia, dijo: «A todos nos presionaron y si hay un juicio de fondo lo veremos” .
“La culpabilidad no está en que tú devuelvas un dinero cuando te tienen cuatro veces embargado, la culpabilidad está en si tú admitiste una falta y yo nunca he admitido ninguna falta, ni antes ni ahora”, subrayó.
Lockward manifestó que de manera perversa las autoridades involucraron a su hijo en ese caso de corrupción, a pesar de que no tenía nada que ver.
En tal sentido, dijo que llegó a un acuerdo con ellos, para que su vástago fuera excluido del expediente, y no jamás porque fuera culpable de actos de corrupción administrativa.
En 2024 la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) involucró a 34 personas y 13 empresas en la acusación formal de la Operación Calamar, el entramado que presuntamente estafó al Estado dominicano con 19,000 millones de pesos.
Sin embargo, en mayo pasado, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó “auto de no ha lugar” en favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
No obstante, en el caso de Donald Guerrero y Ángel Lockward, estos fueron enviados a juicio de fondo.