La Justicia boliviana ratificó la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el delito de trata agravada de menores en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al sur del país.
El juez Carlos Oblitas suspendió el inicio del juicio que se había instalado a las 08:30 (hora local) ante la ausencia del acusado.
El abogado de Morales, Nelson Cox, había informado la semana pasada que el exmandatario no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó Cox ante los medios.
La causa gira en torno a la presunta vinculación con una adolescente durante su presidencia y a supuestos beneficios otorgados a la familia de la menor, con la que habría tenido una hija en 2016.
Según el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, los investigadores lograron recolectar más de 170 pruebas en contra del ex mandatario.
Desde que se impulsó la investigación, en septiembre de 2024, Morales denunció que el caso responde a una persecución política de los gobiernos del expresidente Luis Arce (2020-2025) y del actual Rodrigo Paz. Sin embargo, nunca negó la vinculación con la adolescente.
Por este caso, el expresidente ya enfrentaba una orden de aprehensión luego de no haberse presentado a declarar en las dos ocasiones en las que fue convocado por la Justicia. En enero de 2025, el juez Nelson Rocabado dictó además su arraigo, la anotación preventiva de sus bienes y lo declaró en rebeldía.
Acorralado por la Justicia, Morales está refugiado en su bastión político y sindical de Lauca Ñ, una región tropical al centro del país donde se cultiva hoja de coca. En los alrededores de su domicilio, sus seguidores han montado una guardia que lo vigila día y noche para evitar su captura.